Escándalo en las prisiones de OC
El Sheriff en funciones pide
la ayuda del FBI para investigar las prisiones; Oficiales
de baja por el informe sobre prisiones
Por Peggy Lowe y Tony Saavedra
The Orange County Register
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John Der
ek Chamberlain, de 41 años y vecino de
Mission Viejo.
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04/11/08. El Sheriff en funciones,
Jack Anderson, ha pedido la ayuda del FBI para investigar
la conducta de los agentes de su departamento a partir
de la publicación de un informe del gran jurado
que reveló la existencia de un sistema de prisiones
desafortunado, llevado por presos intimidantes, agentes
vagos y unos responsables que intentaron taparlo todo.
Anderson le dijo a la Junta de Supervisores del Condado
de Orange el martes que ha invitado al Departamento
de Justicia estadounidense a unirse a él en una
investigación interna que ya ha empezado una
organización de control independiente, para investigar
la muerte en 2006 del preso John Derek Chamberlain.
Cinco empleados del Departamento del Sheriff fueron
suspendidos de sueldo cuando el informe se hizo público
el lunes y se procesará a más gente a
medida que los oficiales puedan analizar los cientos
de páginas del informe, dijo Anderson. Despedir
a los agentes que se nombran en el incidente puede no
ser castigo suficiente, dijo Anderson, y cualquier cosa
indebida que se encuentre a lo largo de esta investigación
será remitida al fiscal del distrito para posibles
cargos criminales.
¿Cuántas cabezas caerán en relación
al informe del gran jurado?
“Serán más de las que hicieron falta
para cargar con el ataúd de Chamberlain”,
dijo Anderson.
Los supervisores, a quienes el fiscal del distrito,
Tony Rackauckas, informó acerca de este informe
el pasado lunes, parecieron conmocionados por estos
hallazgos. Preguntaron en voz alta por qué no
había ya videocámaras colocadas para monitorizar
a los agentes y por qué no se supervisaba más
de cerca a los empleados para ? que estos aplicaran
la política y normativa existente.
“Este no es un buen día para el condado
de Orange”, dijo el supervisor John Moorlach.
“Tenemos otro caso claro de equivocación
humano. La complacencia tiene que acabar. Los policías
buenos no pueden proteger a los policías malos.
El código del silencio tiene que acabar”.
El informe, creado a partir de meses de investigación
por el gran jurado, reveló que algunos oficiales
en la prisión Theo Lacy dormían a menudo
en la estación de guardia, jugaban con videojuegos,
miraban la televisión y utilizaban a presos controladores
para castigar a otros presos.
El gran jurado estaba investigando la paliza a muerte
propinada a Chamberlain, un técnico de computadoras
de 41 años a quien los otros presos confundieron
con un pederasta y al que señalaron para ser
castigado. Chamberlain había sido retenido por
posesión de pornografía infantil, una
ofensa menor.
El informe abrió una ventana a un sistema de
prisiones que a menudo está cerrado para el público
y la prensa, informando acerca de agentes que no hicieron
sus guardias rutinarias en los barracones de la prisión
y que en lugar de eso se centraron en ver sus programas
preferidos de televisión y usar sus teléfonos
celulares para enviar mensajes a sus amigos.
Dos de los miembros de más rango del equipo de
mando del anterior Sheriff Mike Carona mintieron al
prestar testimonio, quebraron las leyes para mantener
en secreto la información de un gran jurado,
e incluso amañaron un documento para defender
una decisión, según descubrió la
investigación. También reveló un
acuerdo entre Carona y sus empleados para negar el acceso
al fiscal del distrito para investigar la muerte de
Chamberlain, con Carona diciéndole a Rackauckas,
“Si no te quiero en mis prisiones, no vienes a
mis prisiones”.
Carona se negó a revelarle nada al gran jurado,
acogiéndose a la quinta enmienda nueve veces
durante el testimonio que prestó el pasado 15
de enero, el día siguiente renunció a
su cargo para poder aceptar representación legal
gratuita en su caso federal de corrupción pública.
Anderson no reveló los nombres de los agentes
a los que se ha dado la baja administrativa y suspendido
el sueldo después de la publicación del
informe, citando la Carta de Derechos de los Oficiales
de Paz, una ley estatal que restringe a las agencias
para la aplicación de la ley la distribución
de información sobre su personal. A primera hora
del martes Anderson le dijo a la prensa que se le había
dado la baja a seis miembros del departamento pero al
final del día el portavoz del Departamento del
Sheriff, John McDonald, dijo que de hecho el número
era cinco. Otras fuentes departamentales confirmaron
el nombre de cinco de los oficiales identificados en
el informe, incluyendo el del agente Kevin Taylor, a
quién los presos acusaron de instigar el ataque
diciéndoles erróneamente que Chamberlain
era un pederasta.
Anderson se reunirá con oficiales del FBI en
breve y dijo que quiere que agentes federales investiguen
el comportamiento de los agentes en las prisiones.
Antes de que se hiciera público el informe, dos
ayudantes del Sheriff habían dejado ya el cuerpo.
Se trata de Jo Ann Galisky y Steve Bishop, ambos testificaron
frente al gran jurado. Anderson despidió a Galisky
en febrero, después de descubrir algunos de los
hallazgos del gran jurado, y Bishop se retiró
precipitadamente ese mismo día.
Los miembros del gran jurado parecieron conmocionados
por los testimonios de Galisky y Bishop, que claramente
diferían respecto a los testimonios prestados
por otros miembros del departamento. Los dos eran además
los principales defensores de Carona en su negativa
para dejar al fiscal del distrito investigar, rompiendo
un protocolo de 20 años, un acto por el que el
gran jurado regañó al departamento el
mes pasado.
“¿Acaso ser Sheriff significa que tienes
licencia para hacer lo que sea que quieras hacer?”,
le preguntó uno de los miembros del gran jurado
a Galisky, quien se negó a contestar, acogiéndose
a la quinta enmienda y su derecho a no autoincriminarse.
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