En busca de respuestas
Los problemas presupuestales y la resistencia
cultural obstaculizan la lucha por crear leyes
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| Activistas: Leticia Ayala (izquierda)
y Luz Palomino tocan puerta por puerta para advertirle a las
familias sobre los peligros del plomo. Ellas fueron a Sacramento
el año pasado para pedirle a la Legislatura que combata
el problema del plomo. (OCRegister.com) |
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| ¿Estará
comiendo plomo? José Beltrán no sabía
que el dulce que su hijo Danny come podría contener plomo.
Después de que The Register le informó que las
paletas Vero Mango han resultado con altos niveles de plomo
en algunas ocasiones, Beltrán dijo que el estado debería
hacer públicos los resultados de sus análisis. |
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Por JENIFER B. McKIM y KEITH
SHARON
The Orange County Register
No se sorprenda cuando aparezcan las mujeres
desnudas. Se han preguntado unas a otras qué tan lejos irían
para que por fin alguien las escuche.
Se han reído pensando cómo entrarían
al Capitolio de gobierno estatal en Sacramento cargando bolsas llenas
de dulces mexicanos envenenados. De la forma en que se pararían
frente al cuerpo legislativo y ¡epa! sus vestidos caerían
al piso.
Así están de frustradas.
Estas 10 activistas comunitarias, o promotoras,
están cansadas de perder su batalla para la protección
de los niños de California ante los dulces tóxicos
que el gobierno estatal por lo regular ignora; dulces que, según
el gobierno mexicano, son muy difíciles de regular.
El verano pasado, las mujeres de la Coalición
de Salud Ambiental, con sede en San Diego, fueron el principal respaldo
de la legislación que prometía cambios arrasadores
al programa estatal de prevención contra el plomo, una expansión
de 1.2 millones de dólares que incrementarían los
análisis en dulces, establecería claros procedimientos
para publicar alertas de salud y daría acceso a los padres
y a los trabajadores de la salud a los registros sobre los distintos
niveles de plomo.
Pero las promotoras recibieron una dura lección
sobre la política de Sacramento.
Los grupos de presión de la industria
de dulces estadounidense trataron de convencer a los legisladores
de que el gobierno federal se estaba encargando del plomo en los
dulces, aunque el gobierno federal no tenía dichos planes.
Los legisladores, enfrentados a un masivo déficit presupuestario
estatal, prefirieron creerles.
Y la oficina estatal de prevención contra
el plomo, cuya misión principal es proteger a los niños
ante los peligros del plomo, no ofreció ningún testimonio.
El silencio de la agencia molestó mucho a las promotoras.
Su líder, Leticia Ayala, de 31 años, comenzó
la batalla para cambiar la ley con un poco más que esperanza.
En la actualidad sigue en la lucha.
Pero lo que ha ocurrido mientras tanto ha comprobado
su resolución, su inteligencia y su creencia de que el gobierno
puede efectuar cambios.
LA
LUCHA DE UNA ACTIVISTA
Ayala no está casada y no tiene hijos,
pero es tan apasionada como cualquier madre cuando se trata de mantener
el plomo lejos de los niños.
Hizo su práctica profesional como recepcionista
para la Coalición de Salud en 1993, y escaló posiciones
hasta alcanzar la que ocupa en la actualidad como directora de la
Campaña para la Eliminación del Envenamiento por Plomo
en la Niñez. La Coalición de Salud Ambiental es una
organización no lucrativa que trata de involucrar a la comunidad
de San Diego en asuntos ambientales como la protección de
pantanos, la prohibición de pesticidas tóxicos y la
erradicación del plomo.
Durante tres años, Ayala ha estado tratando
de hacer conciencia en cualquiera que la escuche sobre los peligros
del plomo en los dulces.
En el 2001, una alerta de salud sobre un niño
de Costa Mesa motivó a Ayala a convertirse en activista.
El niño tenía un peligroso alto nivel de plomo en
la sangre. Cuando los investigadores trataron de encontrar el origen
de ese nivel, no se encontraron las sospechas usuales en estos casos,
como pintura en las paredes de la casa, tierra contaminada o tuberías
anticuadas. Lo que descubrieron fue Bolirindo, un popular dulce
de tamarindo con sabor a chile. Inmediatamente, el estado emitió
una alerta y ordenó retirar Bolirindo de las estanterías
de las tiendas.
Si Bolirindo estaba contaminado, pensó
Ayala, ¿qué otros dulces podrían también
ser peligrosos?
Ella recuerda haber llamado al Departamento de Servicios de Salubridad
para preguntar sobre la posibilidad de que hubiera plomo en otros
dulces. “Ellos dijeron, ‘No hemos hecho un seguimiento
sistemático sobre los dulces’”, recordó
Ayala.
Lo que ella desconocía en ese momento
fue que el estado había estado haciendo un seguimiento del
contenido de plomo en los dulces mexicanos desde 1993. The Orange
County Register encontró registros de más de 1,500
análisis que mostraban que uno de cada cuatro dulces habían
resultado con un nivel de plomo más elevado que el nivel
de peligro establecido por el estado.
El estado ha establecido el “nivel de
preocupación” en 0.2 partes por millón (ppm)
de plomo. Un niño que coma 0.2 ppm de un pedazo regular de
dulce estaría expuesto a seis microgramos de plomo, cantidad
que el estado considera peligroso.
Ayala decidió comenzar a hacer su propio
seguimiento.
Durante la Semana Nacional de Prevención
de Envenamiento por Plomo en octubre del 2001, Ayala y su grupo
visitaron las dulcerías de la Avenida Imperial de San Diego,
una calle que no se vería fuera de lugar en el centro de
Tijuana.
Ayala y las promotoras enviaron al estado más
de 30 muestras de dulces importados para su análisis.
Los resultados preliminares confirmaron lo que Ayala temía.
Siete de los dulces resultaron con niveles de plomo más altos
que los permitidos por el estado. Pero el estado dijo que tenía
que hacer pruebas adicionales antes de tomar cualquier medida. Entonces,
Ayala hizo dos cosas que los activistas suelen hacer: se enojó
y decidió hacer algo al respecto.
“Es indignante”, dijo Ayala. “En
verdad te afecta cuando ves todos esos dulces en las tiendas. Te
enoja mucho”.
Ayala y sus promotoras comenzaron una campaña en San Diego
para educar a los propietarios de las tiendas, a los padres de familia
y a cualquiera que estuviera dispuesto a escuchar. Pero esa era
la forma común de hacer las cosas, el mismo tipo de educación
pública que el Departamento de Salubridad del estado por
lo regular ejecuta con panfletos, números telefónicos
para recibir quejas o comentarios del público, y estadísticas.
Pero las campañas educativas por lo regular no alcanzan a
más público que a los padres que asisten a las presentaciones.
Ayala decidió entonces hacer un cambio
importante.
Viajó al sur hacia Chula Vista y marchó
hasta el interior de la oficina de Juan Vargas, asambleísta
de California.
Cuando Ayala entró a la oficina, encontró a Tanya
aldaz, encargada de relaciones públicas para Vargas, comiendo
Chaca Chaca, un dulce salado que ha resultado con altos niveles
de plomo en distintas ocasiones, según documentos estatales.
Ayala comenzó la reunión informando
que el Chaca Chaca había resultado varias veces con altos
niveles de plomo.
“Los ojos de Tanya se agrandaron”,
dijo Ayala.
LEGISLADOR
ABRE LOS OJOS
Juan Vargas recuerda las naranjas.
El tiene nueve hermanos y su familia era tan
pobre cuando residían en National City, cerca de San Diego,
durante su infancia, que en ocasiones su único alimento eran
las naranjas que su madre recolectaba de los árboles de los
vecinos. Él también se acuerda de los dulces. Su favorito
era uno de tamarindo.
“A mi padre le encantaban también,
y me los compraba", dijo Vargas. “Especialmente durante
la Navidad, yo solía comerme esas cosas como si se estuvieran
acabando. Y después de Semana Santa yo acostumbraba comerlos
por montones”.
El día que Leticia Ayala entró
a su oficina fue la primera vez que Vargas supo que los dulces de
tamarindo podrían estar contaminados.
Vargas no podía creerlo.
“Es como descubrir que la leche contiene
plomo”, dijo Vargas.
La historia de Vargas es inspiradora. Él
superó la pobreza de su familia y asistió a la Universidad
de San Diego, la Universidad Fordham y la Universidad Harvard, donde
se graduó en leyes. Pasó cinco años estudiando
para ser sacerdote. Trabajó en un hospicio con pacientes
terminales. Ha trabajado con pandillas del este de Los Angeles.
Trabajó en un refugio en el Bronx para las personas sin hogar.
Ganó su asiento en la Asamblea en el
2001, y no fue hasta hace poco que dejó de cargar dulces
en sus bolsillos.
Con la ayuda de Ayala, Vargas escribió la AB256, una propuesta
de ley de seguridad alimentaria que solicitaba 1.2 millones de dólares
para permitir que la unidad de prevención efectúe
una mayor cantidad de análisis en los dulces.
Convencer a los legisladores no era su único
obstáculo.
SE
NIEGAN A CREER
Es difícil cambiar una ley, pero puede ser más difícil
cambiar una cultura.
Los padres de familia Violeta y Víctor
Estrada, residentes de La Habra, descubrieron hace unos años
que dos de sus niñas, ahora de 11 y 13 años de edad,
padecían de envenenamiento por plomo. Una enfermera les platicó
sobre los peligros de los dulces mexicanos.
Los Estrada dijeron que continúan comiéndolos.
Entre los dulces favoritos de su hija de once años, Jessica,
están los dulces de tamarindo envasados en ollitas de barro,
que han resultado con altos niveles de plomo en varias pruebas.
“Me gustan todos”, dijo Jessica,
cuya sangre resultó con altos niveles de plomo en 10 ocasiones
en análisis practicados desde 1994 hasta 1998.
Violeta Estrada dijo que se sentía “concha”
por no haber logrado mantener a sus hijas alejadas de los dulces.
También dijo que le molestaba que tales dulces estén
tan disponibles.
Victor Estrada dijo que parte de ello tiene
que ver con la información.
“Estamos pobremente educados en cuanto
a esto”, dijo.
Alguna gente no quiere infamar a su cultura.
Gloria Bonilla, otra madre de familia de La
Habra, no le dijo a su hijo Javier qué fue lo que lo envenenó.
Ella está segura que fueron los dulces envasados en ollitas
de barro importados que ella le compraba a diario en el carro de
helados que llega al vecindario.
Los dulces no sólo han resultado altos
en niveles de plomo, sino que las ollas, con su embarnizado a base
de plomo, son particularmente peligrosas.
Pero Bonilla dijo que ella no quiere que sus
niños asocien a México, su país natal, con
ideas negativas.
“No olvidaré quién soy o de dónde vengo,
pero si (los dulces) son dañinos para mis hijos, no se los
voy a dar”, dijo Bonilla. “Amo a mi país, pero
no quiero que mis hijos se enfermen”.
Entonces, la madre soltera trata de evitar
la camioneta de los helados. Lleva a sus hijos a la iglesia, a la
biblioteca o al parque después de la cena, cuando un carro
que vende los dulces pasa por la calle donde viven, con el sonido
distintivo que hace a sus niños saltar de gusto.
Algunas veces, a pesar de lo que ella ya sabe,
de todas maneras deja a sus hijos comprar los dulces tóxicos.
“Hay momentos cuando no puedo evitarlo”, dijo. Muchos
latinos no creen que un dulce que han disfrutado por generaciones
pudiera hacerles tal daño.
Los niños envenenados por plomo no se
miran enfermos. Pero estudios han demostrado que, aún en
bajos niveles, el envenenamiento por plomo se asocia a un bajo nivel
de inteligencia, desarrollo conductual dispar y reducido crecimiento,
según los Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades de los Estados Unidos.
Juan Rivas, gerente del supermercado Northgate
Markets en Buena Park, vende una gran variedad de dulces mexicanos,
que son algunos de los productos más populares en la tienda.
“Tengo muchos sobrinos; ellos los consumen
aquí, y ninguno de ellos tiene un trastorno mental”,
dijo Rivas, a quien también le encanta comer las golosinas
con sabor agridulce. “Los consumimos en México. Nunca
ha pasado nada allá”.
Pero expertos dicen que comer plomo puede causar
serios problemas de salud.
El comerciante de dulces del centro de Los
Angeles Benjamin Santoyo se rehúsa a creerlo.
“No es cierto”, dijo Santoyo, cuya
tienda, El Cora, es parte de un grupo de puestos comerciales llenos
de dulces, piñatas, frutas frescas y chile seco que atrae
a propietarios de pequeños negocios de Los Angeles y Orange
County. “Si tuvieran plomo, la gente no los compraría.
Todo mundo en México se moriría”.
El negociante bromea que su negocio vende más
cada vez que la gente escucha sobre el plomo en los dulces.
“Muestran curiosidad, quieren comer el plomo, dicen que el
plomo es bueno para la sangre”, dijo Santoyo, cuyo inventario
incluía tamarindo envasado en ollitas de barro y otras marcas
que el estado ha encontrado con altos niveles de plomo. “(El
Tamarindo en las ollas de barro) es el que más se vende.
Ellos dicen, “Ah, tamarindo con plomo, qué tan bueno
sabrá?”
PROBLEMAS
PRESUPUESTARIOS FRUSTRAN PROPUESTA DE LEY
La primavera y el verano pasados, el cuerpo legislativo discutió
la propuesta AB256.
Fue aprobada por el Comité de la Asamblea
de Salubridad con un voto de 15 a 6. Pasó el Comité
de Gastos por 18 a 6. x Pasó la Asamblea con 46 votos contra
27. Pasó el Comité de Salud y Servicios Humanos del
Senado, con un voto de 10 a 2. La organización defensora
del medio ambiente, Sierra Club, también la apoyó.
Ayala y Vargas pasaban una buena racha de suerte. Ellos creían,
dijeron ambos después, que la propuesta iba a ser un éxito
rotundo.
Ayala y Vargas testificaron cuatro veces ante
comités estatales. Cada vez Ayala llevó su bolsa de
plástico conteniendo dulces con plomo y habló sobre
los riesgos para la salud asociados con el consumo de plomo.
Durante su presentación, solicitó que alguien del
departamento de salubridad del estado se uniera a ella para hacer
declaraciones. Pero le informaron que debido a que el departamento
sentía que la propuesta de ley era muy costosa, nadie iba
a declarar a favor de ella.
En cada ocasión Ayala tuvo que aguantar
a los legisladores que trataron de caer en gracia. Éstos
la reprendían en forma de broma por no traer suficientes
dulces para que les tocara uno a cada uno de los miembros del comité.
A Ayala no le causó gracia.
Los legisladores votaron a favor de la propuesta.
Parecía que el salvar a los niños
de los peligros del plomo era algo fácil.
Hasta que se mencionó el dinero.
En un año en que el estado enfrentaba
un déficit fiscal de 38.2 mil millones de dólares,
el costo cambió todo.
El Comité de Gastos del Senado estimó que la propuesta
de ley de Vargas necesitaría 650,000 dólares para
empezar y se mantendría con 525,000 dólares anuales.
El asunto del dinero amenazó con matar
la propuesta, especialmente entre los legisladores que habían
comido los dulces durante toda su vida.
“He comido los dulces durante mis almuerzos,
y todavía estoy vivo”, dijo Bob Pacheco, republicano
de Walnut. Pacheco, anterior vice presidente del Comité de
la Asamblea de Salubridad, votó contra la propuesta. “Es
muy difícil para mí verla y decir, ‘bueno, sí,
de veras que son bastante dañínos’, cuando los
he comido toda mi vida. No podía ver justificación
alguna, tampoco encontré suficientes pruebas”.
Los únicos argumentos contra la propuesta
los hicieron Dennis Loper, miembro del grupo de presión de
la empresa Hershey, y Kristin Power, del grupo de presión
de los Fabricantes de Comestibles de América (Grocery Manufacturers
of America). Hershey produce algunos de sus chocolates en México.
Uno de los dulces de la compañía había resultado
con niveles de plomo, que los oficiales de California consideran
peligrosos, en julio del 2001, según expedientes.
Loper y Power fueron breves con sus comentarios
sobre la propuesta de Vargas, con una participación de menos
de un minuto.
Ambos dijeron que la legislación estatal
era innecesaria porque la Ley contra el Bioterrorismo del gobierno
federal permitía que los investigadores de la Administración
de Fármacos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés)
detuvieran en la frontera el ingreso de los dulces contaminados
a los Estados Unidos.
“En últimas cuentas, es la FDA
la que tiene la responsabilidad de remover (los dulces adulterados)”,
dijo Power.
El Comité de Gastos del Senado votó aún sin
contar con una investigación que comprobara que la Ley contra
el Bioterrorismo de la FDA en realidad examina los dulces.
Ayala se encontraba en Costa Rica en ese momento.
Aunque ella quería estar en Sacramento para ver los resultados,
había programado unas vacaciones y no pudo cambiar sus planes.
Le dió a un amigo su dirección
de correo electrónico pidiéndole que la contactara
en cuanto se hiciera la votación final.
SE
PASA POR ALTO AL PLOMO
La Ley contra el Bioterrorismo, creada después del 11 de
septiembre del 2001, le proporciona dinero a la FDA para evitar
que los terroristas contaminen los suministros de alimentos de los
Estados Unidos.
Le permite a la FDA contratar inspectores adicionales
y a técnicos en análisis. Requiere que las empresas
extranjeras se registren con la FDA. También requiere que
las compañías notifiquen al gobierno federal antes
de embarcar los alimentos hacia este país.
Pero su objetivo principal es detener el sabotaje,
no el plomo en los dulces.
La Ley contra el bioterrorismo coloca a los
inspectores de contaminantes en últimos lugares. La detección
de ántrax y botulismo son la prioridad porque éstos
son sumamente fatales. En segundo lugar de prioridad se encuentran
la salmonella y la bacteria E. Coli, que en menor grado pueden causar
la muerte y enfermedad.
El plomo, que provoca la mayoría de
sus daños después de cierto tiempo ante una exposición
repetitiva, y constituye más una amenaza a la niñez
menor de seis años de edad, ocupa la lista sólo como
un agente potencial que podría ser usado por terroristas
en un ataque.
En realidad, dicen los expertos, el plomo no
recibe mucha atención.
“No hay nada que nos permita creer que
los terroristas están envenenando con plomo a los niños
de California”, dijo Calum Turvey, director del Instituto de
Política Alimenticia de la Universidad Rutgers. “Si
no se controló el plomo antes de la existencia de la Ley
contra el Bioterrorismo, no se controlará ahora”.
Antes de la ley, la FDA inspeccionaba cerca
del 2 por ciento de los alimentos que cruzaban la frontera. ¿Cuánto
alimento se inspecciona ahora? Dos por ciento. Y no existe plan
alguno para incrementar estas inspecciones de alimentos, dijo Sue
Challis, vocera de aduanas.
El Dr. Georges Benjamin, director ejecutivo
de la Asociación Americana de Salud Pública y exsecretario
de salud del estado de Maryland, cree firmemente que los legisladores
de California cometieron un error si creyeron que la FDA prestaría
atención al problema del plomo en los dulces.
“El estado tiene una responsabilidad con
sus ciudadanos en primer lugar”, dijo Benjamin. “No debe
de depender del gobierno federal para regular sobre lo que entra
al estado. La FDA tampoco cuenta con recursos. La Ley contra el
Bioterrorismo no va a ayudar. La FDA está buscando ántrax
y plagas”.
Aún cuando se les dijo que los dulces
con plomo no están cubiertos por la Ley contra el Bioterrorismo,
algunos legisladores dijeron que la protección de alimentos
es una responsabilidad federal. Votaron contra la propuesta pese
a que escucharon los testimonios de que los mecanismos de análisis
estatales cuentan con escasos fondos y personal.
El asambleísta republicano de Irvine,
John Campbell, dijo que tampoco ayudará el agregar nuevos
empleados estatales, más regulaciones o reglas para el registro
de análisis. “La duplicación de esfuerzos no
ayuda a nadie”, dijo Campbell.
Con esta propuesta de ley, a final de cuentas
no importaba la votación; el Comité de Gastos del
Senado la consideró muy costosa.
Incluso el senador demócrata de San
Diego Dede Alpert, que respaldaba la AB256, dijo que a la propuesta
nunca se le dió una oportunidad porque el departamento de
salubridad estaba en tal crisis que en lugar de estar contratando
trabajadores, los estaba despidiendo.
“¿Cómo podríamos
reunir a suficientes empleados para hacer esto?”, dijo Alpert,
quien reside cerca de la frontera. “Aunque ésta sea
una buena causa, existen ya otros programas para los que tampoco
podemos encontrar financiamiento.
“Es triste. Uno quisiera que existiera
una solución federal porque este es un problema internacional.
Pero la gente en la frontera tiene suficientes problemas con las
drogas, armas y ahora el terrorismo. (Los dulces) estarían
al final de su lista de prioridades”.
LA
LUCHA CONTINÚA
Leticia Ayala estaba en un café Internet en Costa Rica cuando
recibió el correo electrónico de su amigo.
Era una descripción de lo que había sucedido con la
AB256 en el senado. Ella nunca leyó más que la primera
línea: “Es mejor que no leas esto”. Así
que no lo hizo. “Casi lloro”, dijo.
Vargas había tratado de que la propuesta
fuera aprobada. La recortó drásticamente, con la esperanza
de que con los gastos reducidos al menos se aprobara el programa
de análisis. Trató de convertirla en una ley de dos
años, con la idea de que se hiciera una nueva votación
al año siguiente cuando el panorama fiscal estatal estuviera
mejor.
Ninguna táctica funcionó.
La propuesta falleció.
Se le eliminó parte de su contenido
y se convirtió en una propuesta para financiar tres proyectos
de obras públicas en el centro de San Diego, incluyendo una
remodelación del edificio de la sede del gobierno estatal.
El costo de los proyectos de obras públicas fue de 472 millones
de dólares de fondos estatales.
Al final, la AB256 no hizo mención de
dulces, o plomo o peligro. La destruida propuesta pasó. Y
la única razón por la que pasó, dijo Alpert,
es que el estado no tuvo que gastar más dinero para su aprobación.
Los bonos para pagar la propuesta fueron vendidos hace más
de una década.
Ayala no culpó a los legisladores, a
los grupos de presión o a la FDA. “El Departamento de
Servicios de Salubridad, esos son los malos”, dijo Ayala.
El estado se visualiza de distinta manera.
“California ha sido pionero en elevar
la atención sobre diversas fuentes, incluyendo los dulces”,
dijo la Dra. Valerie Charlton, jefa de la unidad de prevención
del envenenamiento por plomo. “Nos vemos como los que hemos
abierto toda esta discusión y todo este asunto. Informamos
a nuestros programas locales. Hablamos sobre ello en artículos.
Lo usamos en nuestros materiales educativos”.
Sin embargo, el departamento de salubridad
se encuentra en tal situación de reducción de costos,
que ha solicitado que tres propuestas de ley que fueron aprobadas
el año pasado ahora sean revocadas porque son muy costosas.
Las propuestas tendrían un efecto en el Medi-Cal para las
tribus indígenas de los Estados Unidos, en las investigaciones
de células madres y en las regulaciones para los bancos de
tejidos.
¿LES
IMPORTA?’
Ayala dijo que el estado se muestra indiferente sobre su comunidad
latina. “¿Les importa? ... Sé cuál será
la respuesta”, dijo Ayala.
Vargas llevó el asunto más lejos,
imaginando qué pasaría si existiera una amenaza a
la comunidad más acaudalada.
“Una de las cosas que sí es cierto
y triste es que las comunidades pobres ... sus problemas son raramente
escuchados”, dijo Vargas. “Y si se les escucha, sus problemas
se relegan. ¿Qué tal si descubriéramos que
existe un tipo particular de perfume increíblemente caro
que se estuviera usando en Beverly Hills? Y que si se usara todos
los días durante un mes su salud podría estar en grave
peligro. Una propuesta de ley sobre ese perfume navegaría
tan rápidamente a través de la asamblea y el senado
hasta llegar al gobernador. Habría una conferencia de prensa
en Beverly Hills en menos de una semana. Sería una medida
de emergencia.
“Esa sólo es la verdad del asunto,
y es triste”.
A pocas millas del Capitolio estatal en Sacramento,
María Pérez vive con su hijo de cuatro años,
Jesús, cuyo envenenamiento por plomo fue asociado a los dulces
mexicanos.
El manejo legislativo de este asunto se ha
vuelto muy frustrante para ella.
“A ellos no les importan los latinos.
Por eso no han hecho nada”, dijo Pérez. “¿Cuántos
niños más van a resultar envenenados antes que ellos
traten este asunto?”
Funcionarios estatales dijeron que lejos de
ignorar a los latinos, el programa de plomo ha enfocado la mayoría
de sus recursos en mantener a los niños latinos alejados
del plomo. Funcionarios estatales dijeron que cerca del 75 por ciento
de todas las víctimas envenenadas por plomo son latinos y
la mayoría de esas víctimas viven en casas antiguas
donde la pintura a base de plomo es más usada. La Unidad
de Prevención del Envenenamiento por Plomo en la Niñez
del estado le dedica la mayor parte de su tiempo a esos casos.
“Esa teoría es tan contraria a
todos los esfuerzos que realizamos, que me sorprende”, dijo
Charlton, directora del programa de envenenamiento por plomo. “Todo
lo que hacemos en el programa tiene que ver con cosas que conciernen
a la exposición de los niños al plomo y de los niños
latinos en particular. Yo le preguntaría a las personas que
pudieran decir que no se está lidiando con los dulces porque
es un problema de los latinos, ¿Cuáles de las cosas
con las que lidiamos dirían que no conciernen a los latinos?”
El programa tiene un presupuesto de 20 millones
de dólares, la mayoría del cual se da a los condados
para que ellos puedan, entre otras cosas, analizar a los niños
para detectar plomo, evaluar las casas para determinar si están
contaminadas con plomo y educar a los padres y a los niños
sobre los peligros del plomo. Debido a que la unidad quiere asegurar
que los niños sean analizados pese a su estatus migratorio,
tiene un pequeño programa alterno que financia análisis
de niños de familias de bajos recursos que no están
cubiertos por el sistema Medi-Cal.
El estado también certifica a laboratorios
para que efectúen análisis de plomo para aumentar
la cantidad de lugares donde se pueden realizar los análisis,
particularmente en áreas rurales y urbanas de bajos ingresos.
“Y sabemos que la mayoría de los casos que recibimos
son de hispanos”, dijo Charlton. “Todos nuestros materiales
son bilingües. Hemos estado trabajando con dos grupos latinos
que han sido muy activos en esta área a medida que desarrollamos
nuestro plan estratégico”.
Dinero, no racismo, es la única razón
para su inacción, dijo el estado.
“Debido a la situación financiera
tan crítica, el personal del departamento no gastó
mucho tiempo en la legislación propuesta porque no hay fondos
para ponerla en funcionamiento”, dijo la vocera Lea Brooks.
No crea que Ayala dejó que todo terminara allí.
Ella persuadió a Vargas para que introdujera
otra propuesta de ley a finales de este año. Vargas y Ayala
están trabajando en el lenguaje a usarse.
Aún así Vargas no vé mucho
apoyo a la propuesta.
“Todo mundo me dice que va a ser muy difícil
porque no tenemos apoyo”, dijo Vargas. “Eso lo hace difícil”.
Él llamó a la pelea por la AB256 “un buen punto
de partida. No es el punto final”.
Ayala y sus promotoras están aún
más determinadas a ganar esta vez.
Aunque tengan que desnudarse.
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