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(Ross D. Franklin/AP)
El sheriff del condado de Maricopa en Arizona, Joe Arpaio.

Arpaio detiene redadas migratorias

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The Associated Press

PHOENIX El alguacil de Arizona conocido por su línea dura hacia la inmigración indocumentada lleva meses sin utilizar su más controvertida táctica policial.

Los críticos del autoproclamado jefe de policía más duro del país opinan que la presión legal ha hecho que Joe Arpaio suspenda sus redadas migratorias. Pero el representante de la ley en el condado Maricopa dice que sus adversarios se equivocan.

“No he dejado de hacer nada”, dijo Arpaio. “No sé por qué alguien cree que lo hice”.

Los operativos especiales de inmigración son el meollo de dos diferentes demandas federales, una de las cuales es del Departamento de Justicia, que acusan a la oficina de Arpaio de discriminar a los latinos.

Durante las redadas, hasta 200 oficiales y voluntarios ocupan un área designada, marcan el alto a decenas de conductores vehiculares y efectúan arrestos. Las zonas inspeccionadas muchas veces están en áreas con importante población hispana. Los inmigrantes sin autorización representan casi 60 por ciento de las 1,500 personas arrestadas en 20 operativos que Arpaio ha ordenado desde enero de 2008.

Han pasado casi ocho meses desde el último operativo similar, la pausa más extensa en más de cuatro años.

Arpaio dijo que el receso no es inusual. Agregó que la prensa no ha reportado los arrestos de inmigrantes efectuados durante más recorridos de rutina que han hecho sus oficiales.

“No estoy dando marcha atrás aunque me estén llevando a las cortes”, aseguró. “Todavía estoy haciendo valer las leyes migratorias. Están siendo arrestados e irán a prisión”.

Pero los detractores de Arpaio, como la Asociación Nacional para la Defensa de los Derechos Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Arizona, opinan que ha evitado hacer más redadas porque le dificultan defenderse de las demandas que denuncian que sus oficiales son racistas contra los hispanos cuando se trata de aplicar la ley migratoria.

“No le conviene realizar estos operativos antes de subir al estrado a defender sus prácticas”, opinó Alessandra Soler, directora ejecutiva de ACLU Arizona.

La oficina del alguacil efectuó su último operativo contra inmigrantes en octubre en el suroeste de Phoenix. La anterior pausa más larga había sido de seis meses en la primera mitad de 2009, cuando autoridades de derechos civiles del Departamento de Justicia le informaron al alguacil que lo estaban investigando.

El Departamento de Justicia presentó el mes pasado una demanda acusando a la oficina de Arpaio de tener un patrón discriminatorio contra los latinos en sus redadas y una cultura de desprecio por los derechos constitucionales básicos. El alguacil está acusado de ordenar algunos operativos basado en cartas de ciudadanos que se quejaron de personas de piel oscura congregadas cerca de una determinada área o porque hablaban español, pero en realidad nunca reportaron un crimen.

El Departamento busca un acuerdo que requiera a la oficina del alguacil capacitar a los oficiales sobre cómo hacer detenciones constitucionales a los conductores de vehículos, recabar datos sobre arrestos en estos operativos y acercarse a los latinos para asegurarles que los oficiales locales también están ahí para protegerlos.

La segunda demanda contra los operativos migratorios llegará a las cortes federales en julio. El grupo de latinos que presentó la denuncia asegura que los oficiales se fijan en la raza hispana para marca el alto a algunos conductores y los detienen muchas veces solamente para verificar su estatus migratorio. Los demandantes no buscan dinero, sino que Arpaio cambie las políticas de su oficina que ellos consideran discriminatorias.

Arpaio disputa las dos demandas, niega las acusaciones y ha dicho que sus operativos cumplen con la ley.

En diciembre, un juez que estaba considerando la demanda presentada por dos grupos, incluyendo la ACLU, a favor de conductores latinos que dicen que los oficiales les marcaron el alto vehicular sin causa probable, determinó que los oficiales no pueden detener a personas basados solamente en la sospecha de que no tienen autorización legal para estar en el país. Arpaio apeló este fallo.

En el mismo fallo, el juez federal de distrito Murray Snow dijo que la evidencia del caso podría hacer que un juez o jurado concluya que la oficina Arpaio tiene una política racista contra los latinos.

Pero el alguacil sigue desafiante. Prometió ordenar otra redada en el futuro y dijo que sigue allanando negocios sospechosos de contratar a personas sin autorización migratoria y arrestando sospechosos en más detenciones viales a lo largo de las rutas conocidas de contrabando.

“No estoy dando marcha atrás”, aseguró. “Pueden decirle a todos los detractores: ‘Miren las estadísticas y todos los inmigrantes ilegales que hemos arrestado’”.


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